RABAT. TEXTO Y FOTO La televisión pública va a retransmitir en directo los testimonios de las víctimas de los abusos del poder. Los elegidos por la «Instancia Equidad y Reconciliación» podrán denunciar con libertad, pero no dar los nombres de sus torturadores. Se conocerá la verdad sin depurar responsabilidades
. Mohamed VI quiere hacer un «lifting» a la imagen que tiene su Reino tanto entre sus súbditos como en el exterior. La «Instancia Equidad y Reconciliación» (IER) nació a mediados de año por iniciativa del Rey y su misión es pasar la negra página que supusieron para este país los denominados «años de plomo». Secuestros, detenciones secretas, torturas, exilios forzados, asesinatos... una serie de abusos contra miles de marroquíes que dejaron una herida en el pueblo que ahora se pretende curar. Se busca la manera de reintegrarlos en la sociedad, reconocer sus daños y ofrecer una indemnización justa. «Es una opción valiente que provocará problemas en algún país del mundo árabe», opina Abdelatif Chahboun, profesor universitario y miembro de la Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH).
A pesar de lo significativo de la iniciativa, insólita en esta parte del mundo, todavía hay quienes, como Amnistía Internacional, quieren llegar más lejos. Así, se exige que el trabajo de la IER vaya acompañado de la apertura de los correspondientes procesos judiciales contra los responsables de aquellas violaciones, que señalan básicamente a la Policía, el Ejército y la Gendarmería Real. Pero la instancia no tiene como finalidad convertirse en un instrumento judicial, según comenta a ABC uno de sus miembros.
«Esta es una comisión de la verdad -defiende Mohamed Nesh-Nash- y no tenemos un mandato judicial. ¿En qué va a ayudar a la reconciliación la apertura de procesos judiciales? Nunca se le ha exigido eso en todo el mundo a una comisión como esta. Además, en todos estos años los que han cometido esos abusos han muerto casi todos. Cada persona es libre de recurrir individualmente ante la Justicia», afirma.
Golpe de efecto
El gran golpe de efecto que prepara la IER en Rabat son las audiencias en las que las víctimas podrán explayarse sobre su sufrimiento. Serán actos públicos retransmitidos en directo por los canales estatales de televisión y radio. Debían comenzar a mediados de diciembre, pero las dificultades que conlleva toda la organización, como explica Mustafá Iznasni -miembro de la IER- «han hecho que se retrasen para los días 21 y 22».
Esa primera audiencia, seguida de una decena por todo el país, se celebrará en Rabat y para ella se ha seleccionado a media docena de víctimas. «Tendrán absoluta libertad para denunciar los hechos siempre que no den nombres y apellidos. Podrán expresarse en el idioma que deseen. Árabe, bereber, francés o español», señala Nesh-Nash. Entre las ciudades en las que se celebrarán las siguientes audiencias se encuentran Tetuán y Alhucemas, ciudades del que fue protectorado español hasta 1956, y Esmara, en el Sahara Occidental, colonia española hasta 1975.
En la selección de las víctimas ha intervenido un equipo médico que se encarga también de evaluar los daños que han sufrido desde que tuvieron lugar los abusos. «No todo el mundo está capacitado para hablar en público o mantiene todas sus facultades. No podemos arriesgarnos a que alguien se quede callado ante la cámara».
«Los hechos los conocemos todos más o menos. Lo que queremos ahora, con los testimonio de las víctimas, es saber porqué se hizo esto e intentar evitar que vuelva a ocurrir», señala Nesh-Nash. «En abril, cuando acabemos nuestro trabajo, presentaremos al Rey un informe con una serie de recomendaciones para que se puedan dictar nuevas leyes o cambios en los aparatos de la Justicia y las Fuerzas Armadas».
Prisión «extrajudicial» de Temara
El periodo investigado abarca los excesos del régimen entre 1956, año de la independencia de Marruecos, y 1999, año en el que subió al trono Mohamed VI tras la muerte de su padre, Hasán II. Los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian que en Marruecos, sobre todo en el centro de detención de Temara, junto a la capital, se siguen llevando a cabo detenciones arbitrarias, encarcelamientos extrajudiciales y torturas. Pero estos abusos no serán abordados por la IER, «que tiene el mandato concreto de limitarse a las violaciones cometidas entre 1956 y 1999, aunque en sus recomendaciones finales pueda aparecer el centro de detención de Temara, que es extrajudicial pero no secreto, pues todos sabemos de su existencia», añade Nesh-Nash.
Desde los atentados suicidas del 16 de mayo de 2003 en Casablanca, que causaron casi medio centenar de muertes, las detenciones, sobre todo en el ámbito islamista, se han multiplicado. Sobre las autoridades llueven las denuncias por los atropellos legales, pero el Gobierno hace oídos sordos y apenas reconoce unos cuantos desmanes.
